Hace un par de días, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín ha saltado a la palestra con unas declaraciones sobre sancionar o multar a los ciudadanos que hagan mal uso del sistema sanitario.

Incidiendo en tres aspectos principales: la no recogida de pruebas médicas solicitadas, la no asistencia a las consultas y el uso indebido y abusivo de las urgencias hospitalarias en lugar de acudir al centro de salud.

Las afirmaciones de Rodríguez Sendín han tenido tanta repercusión que la misma Misnitra de Sanidad, Ana Mato, ha salido a declarar que estudiarán la propuesta “como tantas otras que llegan” encaminadas a mejorar el funcionamiento de la sanidad.

En el caso aludido se habla del copago disuasorio. El referido a las aportaciones económicas facturadas al paciente en el caso de utilizar de manera indebida los recursos que brinda el sistema.

Los datos de actividad del SNS, facilitados por el Ministerio de Sanidad, manifiestan que los hospitales españoles atienden al año cerca de 21 millones de urgencias. A su vez, Los centros de salud hacen lo correspondiente con 27 millones de consultas ‘urgentes’ de Primaria.

Avanzando en el estudio, es conocido por los sistemas de triaje que cerca del 50% de las urgencias hospitalarias son procesos leves que tendrían que haberse resuelto en centros extrahospitalarios: centros de salud, PAC, PAS y consultorios auxiliares.

El catálogo nacional de precios (elaborado por el Ministerio de Sanidad) fija en 202 euros la urgencia hospitalaria, y en 108 la consulta de urgencia en Atención Primaria. A estos importes no se les incluye otros gastos derivados de las pruebas necesarias para la atención.

Por tanto, en Atención Primaria sobre 10 millones de consultas podrían atenderse 100% más eficiente coste resultado. Las cifras son claras y revelan un notable ahorro además de la necesidad de continuar apostando por el desarrollo de la Atención Primaria y la capacitación de sus profesionales.

La polémica queda sin resolver: Quién determina lo que es una urgencia abusiva. El sistema debería penalizar a otros actores que también hacen un uso abusivo o indebido de la sanidad…